Campo Largo se suma a los más de 20 municipios que cuentan con facultades para aplicar la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Esta política de descentralización administrativa que ejecuta el Gobierno provincial, permite fortalecer las autonomías municipales.
El subsecretario de Comercio Interior, Ricardo Marimón, firmó un convenio con el intendente de Campo Largo, Darío Capitanich, a través del cual el municipio adquiere facultades para fiscalizar y defender los derechos de los consumidores a través de la Ley 24.240. “Esto forma parte de la política gubernamental para descentralizar la gestión administrativa”, remarcó Marimón.
De esta manera, el municipio cuenta con las facultades para llegar hasta la instancia de conciliación, así como también podrá fiscalizar los precios y condiciones acordadas sobre la canasta básica con los comerciantes de la zona y realizar un seguimiento de precios de gas, combustible, y demás bienes y servicios. “Este tipo de convenio se puede lograr cuando hay un jefe comunal que apuesta al diálogo y al trabajo coordinado”, sostuvo.
Más de 20 municipios se encuentran adheridos a la Ley 24.240, lo que permite fortalecer la lucha por los derechos de los consumidores a través de un control reforzado, tanto en el ámbito municipal y a nivel provincial a través de la Subsecretaría de Comercio Interior. “Los municipios tienen la oportunidad de resolver en su localidad una situación de conflicto y contener a los pobladores, fortaleciendo su autonomía”, concluyó Marimón.
Capacitación de personal
Marimón anticipó que el próximo 15 de marzo se iniciarán una serie de capacitaciones en varias localidades. “Es importante que cada comuna adherida a la Ley tenga su propio personal capacitado para llevar adelante las acciones de instancia de conciliación y las actas de constatación que permanentemente pedimos en materia de seguimiento de abastecimiento y precios”, explicó el subsecretario.
La capacitación se dividirá en dos partes, una relacionada con la recepción de denuncias y la segunda apuntará directamente a la etapa de conciliación. “Esta última etapa es el punto neurálgico más importante que se da en esta delegación de facultades porque es interesante que los municipios asuman sus responsabilidades y puedan guiar al consumidor para que se alcance la solución del problema”, destacó Marimón.
De esta manera, el municipio cuenta con las facultades para llegar hasta la instancia de conciliación, así como también podrá fiscalizar los precios y condiciones acordadas sobre la canasta básica con los comerciantes de la zona y realizar un seguimiento de precios de gas, combustible, y demás bienes y servicios. “Este tipo de convenio se puede lograr cuando hay un jefe comunal que apuesta al diálogo y al trabajo coordinado”, sostuvo.
Más de 20 municipios se encuentran adheridos a la Ley 24.240, lo que permite fortalecer la lucha por los derechos de los consumidores a través de un control reforzado, tanto en el ámbito municipal y a nivel provincial a través de la Subsecretaría de Comercio Interior. “Los municipios tienen la oportunidad de resolver en su localidad una situación de conflicto y contener a los pobladores, fortaleciendo su autonomía”, concluyó Marimón.
Capacitación de personal
Marimón anticipó que el próximo 15 de marzo se iniciarán una serie de capacitaciones en varias localidades. “Es importante que cada comuna adherida a la Ley tenga su propio personal capacitado para llevar adelante las acciones de instancia de conciliación y las actas de constatación que permanentemente pedimos en materia de seguimiento de abastecimiento y precios”, explicó el subsecretario.
La capacitación se dividirá en dos partes, una relacionada con la recepción de denuncias y la segunda apuntará directamente a la etapa de conciliación. “Esta última etapa es el punto neurálgico más importante que se da en esta delegación de facultades porque es interesante que los municipios asuman sus responsabilidades y puedan guiar al consumidor para que se alcance la solución del problema”, destacó Marimón.
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