El Gobierno porteño quedó envuelto en una polémica luego de que la Justicia frenara un decreto por el cual se proponía crear sesenta cargos gerenciales en las 15 comunas de la Ciudad. Según denunció la oposición, se trata de una maniobra para quitarle poder a los comuneros (que tienen representación de la oposición) y para que se nombren a dedo funcionarios con sueldos superiores a $ 15 mil.
El viernes a última hora, el juez en lo Contencioso Administrativo, Francisco Ferrer, hizo lugar a un amparo presentado por los comuneros del Frente para la Victoria para que se suspendiera el decreto 251/14, firmado por Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, al que consideraron “un golpe institucional”.
Según fuentes de la oposición, poner en marcha las nuevas gerencias implicaría unos $ 20 millones anuales extra al gobierno porteño y tomaría funciones que hoy ejercen los comuneros. En el macrismo negaron esta situación y explicaron que, en rigor, se cubrirían los cargos con personal de planta permanente, en la mayoría de casos, con lo cual el excedente no debería superar los $3 millones.
De todas formas, la oposición planteó que con los nuevos gerentes se vaciará el trabajo de los comuneros. “El planteo es válido porque leyendo el decreto dice cuáles son las gestiones que van a hacer las gerencias y ahí se avanza sobre las funciones de los comuneros, del presidente de la comuna y del consejo consultivo. Por ejemplo, se crea una subgerencia operativa para ejercer el control de las obras de, servicios públicos”, explicó a este diario la presidenta de la comisión de Descentralización de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FpV). Y agregó que esperará una respuesta del Ejecutivo a un pedido de informes que presentó y que se trataría la semana próxima.
En el gobierno porteño dijeron a este diario que es un “problema de interpretación” ya que las comunas forman parte del Ejecutivo y no son autónomas. Añadieron que el decreto tiene que ver con elevar la carrera gerencial a toda la administración pública, incluidas las comunas. “El argumento de que estamos avanzando sobre las competencias es falso, les estamos creando cargos para que puedan ejecutar sus tareas, y son gerentes que van a surgir de un concurso abierto, no son cargos políticos ni vamos a designar funcionarios nosotros”, aseguraron en el PRO.
Por su lado, Muiños agregó que “el 90% de los comuneros tiene negado el acceso a los sistemas para fiscalizar dónde y cómo se va gastando el presupuesto y dónde se ingresan los reclamos”.
Según apuntaron en el macrismo, se transfirieron unas tres mil personas a las comunas, con un presupuesto superior a los $ 1 mil millones. La poda y arbolado, los guardianes de plaza, el mantenimiento urbano y la luminaria son algunos de los temas que hoy ya ocupan a los siete integrantes de cada comuna.
Por lo pronto, el macrismo ya prepara su apelación ante la Justicia y, a la vez, presentará la semana próxima una carta de peso: una misiva emitida por el poderoso gremio de estatales, Sutecba, en la que se defiende el decreto de la polémica
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