Pablo Palacio : “la infraestructura obsoleta mata a nuestros compañeros”

La Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la Republica Argentina (URGARA), que conduce Pablo Palacio, emitió hoy un documento, en el marco del cierre de su 62° Congreso Anual, con críticas al Gobierno y empresarios. “La infraestructura obsoleta en la que muchas veces trabajamos, mata a nuestros compañeros, esto debe revertirse”, indicó Palacio, en relación a los accidentes que se vienen sucediendo en plantas y acopios de la actividad.
No obstante, desde URGARA reconocieron el ahorro logrado por la administración Macri en lo que respecta a los costos logísticos portuarios en toda la cadena agroexportadora, pero que el riesgo operativo de los trabajadores no se negocia : “Uno de los sectores que aporto fue el nuestro: el sector del trabajo. Ahora nos preguntamos: ¿Qué le devuelven al trabajador? ¿Cuáles son las mejoras de infraestructura, para mejorar el ámbito laboral que se han conseguido con este ahorro?”, indicó Palacio.
“Nos siguen negando que nuestra actividad es de riesgo, que no impacta sobre la vida de los trabajadores; no quieren hacer inversiones en seguridad porque consideran un gasto proteger la vida de los trabajadores no se recupera, no es un número en un excel. Nosotros hemos invertido una importante cantidad de dinero en inspecciones, y el gobierno hace oídos sordos”, expusieron en el documento titulado “No está muerto quien pelea”, que fue elaborado por Delegados Seccionales, Congresales, Delegados Regionales y la Comisión Directiva Nacional en el marco del 62° Congreso Anual, realizado en la sede de URGARA de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el gremio también se pronunciaron en contra de los intentos por parte del Gobierno de modificación de regímenes diferenciales, que la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que URGARA integra, ya había rechazado. “Nosotros no tenemos privilegios, tenemos que trabajar en condiciones insalubres y de riesgo, y no vamos a entregar una sola conquista”, manifestó Palacio.
“Siguen insistiendo en revisar los regímenes diferenciales, y lo que no saben, o no quieren saber es que, precisamente son regímenes diferenciales porque nuestra actividad es de riesgo, que los ámbitos en donde todos los días trabajamos son nocivos, peligrosos, son insalubres, y por nada en el mundo son regímenes de privilegio como le quieren hacer creer a la gente”, explicaron, y resumieron: ”Privilegios tienen otras ramas, como los legisladores y los jueces”.
Refiriéndose a la actualidad política y económica de la Argentina, el Secretario General del gremio Pablo Palacio remarcó que “hemos entrado en una etapa de recuperación de la dignidad y tenemos muchos puestos de trabajo que hay que defender”.
Más de 100 personas asistieron al congreso que contó con la presencia del Secretario Adjunto, Alfredo Hugo Palacio, el Secretario Gremial e Interior, Miguel Rodríguez, el Secretario de Actas, Turismo y Acción Social, Miguel Ángel Roca, el Tesorero, Jorge Delfino, los Prosecretarios de Prensa y Cultura, Juan Carlos Peralta, y Prosecretario de Seguridad e Higiene, Osvaldo Guillén, Secretarios Generales, Delegados y representantes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación Argentina.
“Mientras que los funcionarios nacionales, encabezados por el Presidente de la Nación, nos llaman a tener esperanza, los trabajadores vemos diariamente como se pierden fuentes de trabajo, se cae el consumo y aumenta a cifras alarmantes la pobreza. Y con el pedido de confianza no se resuelven las necesidades básicas insatisfechas”, concluyeron desde URGARA en su documento.

El caso que más le preocupa al Gobierno llegó a la Corte Suprema de Justicia

En junio de 2016, el Congreso aprobó la ley de Blanqueo de Capitales, en cuyo texto no se permitía a los familiares de los funcionarios sincerar dinero y bienes. En su momento, fue uno de los puntos que más crédito le dio al Gobierno y que lo ayudó a lograr el consenso necesario para reunir los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Sin embargo, el 30 de noviembre de ese año, el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar ese artículo -el 83- y permitir que padres, cónyuges e hijos de funcionarios ingresen al blanqueo. Esto le valió duras críticas al Poder Ejecutivo.
Aunque la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso rechazó el decreto, la norma nunca se cayó definitivamente porque, para eso, debe ser dejada sin efecto por ambas Cámaras, algo que nunca sucedió.
Uno de los dirigentes que más batalló contra el decreto fue el diputado Felipe Solá, quien en diciembre de 2016 presentó un amparo para que se declare inconstitucional y una medida cautelar para que se suspendiera su aplicación. La denuncia la radicó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal y recayó en el juzgado de Ernesto Marinelli. El argumento fue que el DNU "vulnera el espíritu de la ley" sancionada.
Ahora, casi tres años después, el camino judicial del amparo de Solá entraría en la agenda de la Corte Suprema para ser tratado en las próximas semanas y así decidir sobre el futuro del decreto firmado por Mauricio Macri, Marcos Peña, jefe de Gabinete, y Alfonso Prat-Gay, entonces ministro de Hacienda y Finanzas. Sin embargo, antes de esto, el intento del diputado pasó por varias instancias.
En febrero de 2017, menos de dos meses después de presentada la denuncia, el juez Ernesto Marinelli no hizo lugar al planteo de Solá y rechazó suspender el decreto, sin decidir sobre su constitucionalidad: "Acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo", sostuvo el magistrado.
Un mes después, en marzo, la jueza María Biotti rechazaba el amparo y confirmaba que los familiares de funcionarios pueden ingresar al blanqueo de capitales. La justificación fue que Solá no tenía ninguna legitimación para hacer el reclamo: "La mera condición de ciudadano y de legislador de Solá no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta".
El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, a través de su abogado Martín Yáñez, apeló el fallo para que sea revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y criticó la decisión de Biotti: "No da cuenta de los argumentos especiales desarrollados en demanda, que me ponen en una situación particular ante la gravedad institucional de la violación constitucional denunciada, y la ausencia de afectados directos por la medida ejecutiva cuestionada".
Además, defendió su rol para pedir la inconstitucionalidad invocando su "legitimación sustantiva como ciudadano de la Nación Argentina" y como diputado nacional: "Los legisladores que intervinieron en el debate y en la sanción del proyecto tienen un interés concreto y diferenciado que los legitima activamente. No se trata de revertir un resultado adverso en el debate parlamentario sino de defender el claro producto de deliberación democrática desarrollada en el Poder Legislativo y completada con la sanción presidencial".
La apelación fue exitosa y el 25 de noviembre de ese año la Sala V del tribunal aceptó el pedido de Solá y reabrió la causa, remarcando la necesidad de la lucha contra la corrupción. Contrario a lo fallado por la jueza Biotti, los camaristas Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani señalaron que Solá sí tenía legitimación para presentar el amparo y argumentaron que si bien la Corte Suprema de Justicia no permite la intervención de legisladores nacionales, sí está permitida cuando se afecta su rol como representante del Congreso. También ordenó sortear otro juez de primera instancia para que decida en el caso.
Además, sostuvo que el Gobierno dictó un decreto reglamentario que no puede ser revisado por el Congreso como ocurre con otro tipo de decretos: "Aquí no existe una instancia en que el Poder Legislativo pueda revisar si la voluntad de éste ha sido respetada".
Frente a esto, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario, que la Cámara rechaza porque su decisión no fue una sentencia definitiva (que es ante dónde deben aplicarse los recursos extraordinarios). Entonces, el Estado se rectifica y presenta en abril de 2018 ante la Corte Suprema un recurso de queja por apelación denegada. Esto no tiene efecto suspensivo y el juicio para determinar si el decreto es inconstitucional continúa. Se sortea un nuevo juez (Biotti no podía volver a intervenir) y sale María José Sarmiento.
En mayo, esta magistrada le da un nuevo guiño al macrismo y declara la causa abstracta -que ya no es un conflicto actual- bajo el argumento de que el blanqueo de capitales había terminado: el decreto determinaba que todo el sinceramiento de dinero debía hacerse entre el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017. Era mayo de 2018.
Por supuesto, la defensa de Solá apeló esto explicando que los hechos jurídicos tienen efecto durante el plazo de tiempo que se discuta la causa y manifestando que, en caso de declararse inconstitucional el blanqueo, la AFIP podría buscar a los familiares que hubieran blanqueado y cobrarles impuestos, multas e intereses. Es decir, no estaba abstracto.
Sarmiento hizo lugar a la apelación y como respuesta el que apela es el Gobierno. Sucede que en el medio la jueza se jubila y debe sortearse otra magistrada: aparece en escena Cecilia Gilardi, quien le da la razón nuevamente al Ejecutivo. El abogado de Solá apela nuevamente ante la Cámara, que les da la razón y el Estado apela esto ante la Corte Suprema.
Así las cosas, en diciembre de 2018 el expediente llega hasta el máximo tribunal, que debe definir dos cuestiones: si Felipe Solá tiene legitimación para pedir la inconstitucional y si la causa es abstracta. Lo primero que hizo la Corte es enviar el caso a la Procuración General de la Nación para pedirle su opinión, aunque esto no es vinculante. Luego, puede decidir sobre la legitimación de Solá o sobre el fondo del asunto.
En los últimos días Yáñez, el abogado de Solá, realizó una presentación ante el GAFI (el organismo que lucha contra todas las formas de lavado de activos, financiación del terrorismo, blanqueo, entre otros) y el GAFILAT (su sede en Latinoamérica), que se reunió este mes en París, solicitando su intervención en la causa y que le recomiende al Estado argentino "reestablecer la legalidad y prevenir el blanqueo de dinero de orígenes ilícitos".

Alfredo Olmedo anunció que su compañero de fórmula será "Tata" Yofre

El diputado nacional por la provincia de Salta, Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), anunció hoy que su compañero de fórmula para las presidenciales 2019, "será Juan Bautista "Tata" Yofre", quien fuera secretario de Inteligencia del Estado (Side) durante el gobierno de Carlos Menem.

En un breve contacto con la agencia de noticias, el legislador nacional anunció "quien me acompañará como vice en la fórmula presidencial, para las próximas elecciones generales del 27 de octubre, será Alfredo Olmedo-Juan Bautista Yofre".
"Es una persona capaz, equilibrada, de sapiencia, integra, transparente y de suma confianza, para que juntos llevemos a la Argentina adelante. Vamos a fortalecer a las Instituciones del país".
"Los argentinos muy pronto tendrá como presidente a un líder, que es quien le habla, y a un vicepresidente el "Tata" Yofre, para equilibrar, consensuar y sostener una democracia en su plenitud como todos los argentinos nos merecemos", sostuvo.
"Mientras que todos dan vuelta para ver con quien van, nosotros con tiempo, responsabilidad e integridad, expresamos nuestra fórmula presidencial, quedando a disposición de todo el pueblo argentino, que se merece salir adelante".
"Estamos recorriendo en plena temporada esta hermosa ciudad balnearia, en la que nos encontramos con turistas de distintos puntos del país, y nos expresan, su apoyo, su gratitud y su cariño y eso es impagable y sabemos que estamos capacitados para llevar un país adelante".
El diputado Alfredo Olmedo, se encuentra en la ciudad de Mar del Plata, desde el domingo pasado, en el marco de su campaña electoral y en los próximos días, seguirá recorriendo las localidades bonaerenses de Pinamar, Cariló, Madariaga, el Partido de La Costa, Necochea, para escuchar a los ciudadanos en cada una de sus inquietudes.
Juan Bautista "tata" Yofre fue titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado entre el 8 de julio de 1989, día en que asumió Menem su primer mandato como presidente de la Nación, hasta el 30 de enero de 1990, y luego designado embajador ante Panamá.

Musimundo cerró tres locales en Caballito, Almagro y Liniers

En lo que van del año ya son 30 las sucursales en todo el país que cerró la empresa.

Musimundo cerró otros tres locales emblemáticos en la Ciudad: el de Caballito y el de los shoppings de Abasto y Liniers. Así, son en total 30 los cierres de sus sucursales en todo el país.
Según Bae, el cierre de estos nuevos tres locales en los shoppings porteños fue por decisión de Electrónica Santa Fe, socio de la empresa chaqueña Carsa.
Las sucursales que cerraron están ubicadas en tres de los principales centros comerciales porteños. El costo de los alquileres y una fuerte caída en las ventas fueron los motivos por los cuales se dio el cierre.
Los primeros diez locales cerrados este año estaban ubicados en Callao y Corrientes, CABA; Mercedes; Saladillo; Pehuajó; Bragado; Chivilcoy y Trenque Lauquen en la provincia de Buenos Aires. Hubo cierres en Neuquén, en Famaillá y Banda del río Salí en Tucumán, entre otros.

El campo se desindustrializa: maquinaria cae el 50%

Los tan pronunciados brotes verdes brillan por su ausencia en el ámbito de la maquinaria agrícola.
En el que representa uno de los peores años para la industria en lo que va de la década, los fabricantes de sembradoras, tractores y cosechadoras cerrarán 2019 con una caída en los volúmenes de venta del orden del 50 por ciento.

Y ni siquiera la perspectiva de un 2019 con una mejora en la producción agrícola, ni la recuperación de competitividad que dejó la devaluación, son suficientes para que los fabricantes de maquinaria cambien su tónica pesimista.
El dato en cuestión, anticipado a iProfesional por representantes de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), llega como consecuencia de un período marcado por la ausencia completa de fuentes de financiamiento para el recambio tecnológico y una merma considerable en la misma producción en el campo.
Así, este año la cosecha cerró con 30 millones toneladas menos de las calculadas y la retracción económica, sumada a los vaivenes del tipo de cambio, derivó en la desactivación de las pocas líneas de crédito que perduraban. A partir de este escenario, entre los fabricantes gobierna la certeza de que 2018 concluirá con suspensiones de personal, jornadas acotadas en las plantas, y más de un actor directamente al borde del cierre permanente.
"Algunos podremos llegar a diciembre, hay que ver quiénes pueden aguantar hasta marzo y la próxima campaña. La siembra actual arrancó a buen ritmo, sobre todo el trigo, y esperamos que eso se pueda mantener. Dependemos mucho del clima para eso, pero también de la estabilidad económica que no se dio este año. Hoy tenemos complicaciones financieras hasta para el funcionamiento diario de las empresas", comentó a iProfesional Raúl Crucianelli, titular de la fábrica de sembradoras homónima y presidente de CAFMA.
En concreto, la consulta arrojó que, sólo hasta octubre, el 55% de las firmas consultadas promedió una baja en las ventas superior al 30%. Y al menos el 25% de las empresas decidirá en el corto plazo instrumentar reducción de jornada, suspensiones o inicio de PPC (Procedimiento Preventivo de Crisis).
CAFMA aglutina a unos 200 fabricantes distribuidos en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba. El bloque representa algo más del 90% del total de esta industria en la Argentina.
"Como quedó a la vista, más de la mitad de las empresas está muy complicada en sus números. Si no hay una reacción positiva en breve, la historia puede terminar de la peor forma para esas compañías. De una manera u otra, todas las firmas de la maquinaria vamos camino a endeudarnos de un modo grave", anticipó Crucianelli.
Además, la medición de la cámara avisa que, por efecto de la crisis vigente, "el sector puede perder en los próximos meses 7.000 puestos de trabajo".
En torno a la entidad señalan que, considerando ingresos brutos de $30.000 mensuales por trabajador, los empleos en riesgo "equivalen a $210 millones mensuales que no ingresan a la economía". Al mismo tiempo, advierten que, de un año a otro, el costo financiero para las empresas directamente se duplicó.

La genética bovina de la Patagonia llega a Chile

Luego de más de siete años de negociaciones sanitarias, la Argentina logró el acuerdo para exportar hacia Chile bovinos reproductores desde la Patagonia.
"La novedad representa claramente otro avance logrado

por nuestro Organismo que contribuye al progreso de la genética bovina nacional", dijo el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ricardo Negri.
Recientemente -y tras una extensa ronda de negociaciones sanitarias- el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile comunicó al Senasa la aceptación de la propuesta argentina de protocolo sanitario para amparar las exportaciones de reproductores bovinos provenientes de la Patagonia hacia ese país.
Este destino, de alto interés para los productores del sur de nuestro país, se suma a Brasil, Paraguay, Uruguay y Colombia, entre otros, que ya reciben reproductores argentinos.
De acuerdo a las exigencias chilenas, se podrán exportar machos y hembras desde la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de la Argentina. Además los animales no deberán estar vacunados contra la brucelosis.
Cabe mencionar que el SAG requiere que el establecimiento de procedencia de los animales esté habilitado por el país vecino, por lo que los interesados en enviar sus animales a Chile deberán prever gestionar la solicitud de habilitación del mismo, previo a la exportación.
Ahora, el Senasa continúa trabajando para abrir el mercado de Chile al semen y embriones bovinos.

El principal asesor económico de la Casa Blanca: "La única salida para el dilema argentino es un sistema de convertibilidad"

La escalada del dólar a lo largo del último mes y el pedido de apoyo del gobierno nacional al Fondo Monetario Internacional (FMI) provocó que la "tormenta" económica que atraviesa la Argentina trascendiera las fronteras. 

Tal es así que Larry Kudlow, reconocido como el principal asesor económico de la Casa Blanca, aseguró que el Tesoro de Estados Unidos analiza la posibilidad de emplear un nuevo plan de convertibilidad de la moneda argentina.
El actual director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos afirmó que la posibilidad de "dolarizar" la moneda argentina podría ser la clave para que la economía nacional pueda resurgir.
El economista de 70 años brindó el último sábado una entrevista a la cadena de noticias Fox News en la que se explayó sobre la situación que atraviesa el gobierno de Mauricio Macri y las alternativas de ayuda que baraja el Departamento del Tesoro de su país.
"El Tesoro está profundamente involucrado en este tema, lo cual es muy importante. Como todos hemos aprendido, la única salida para el dilema argentino es un sistema de convertibilidad. El peso se vincula al dólar, pero puedes crear un nuevo y único peso", afirmó Kudlow.
"No hay creación de la moneda, a menos que tengas una reserva de dólares detrás", detalló el economista, quien también hizo referencia al proceso de convertibilidad desarrollado en la Argentina durante el final del siglo XX: "Eso funcionó en los noventa, permitió bajar la inflación y mantener la prosperidad. Y eso es lo que necesitan hacer ahora".