La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación intervino la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), del gremio UATRE, y en pocas semanas encontró irregularidades millonarias.
El diario Clarín relata lo ocurrido y afirma: "Mientras crece el escándalo, con un fallo del polémico juez Juan José Baric, el gremio trata de frenar la medida del Poder Ejecutivo que busca regularizar la situación de una obra social en estado crítico".
El diario Clarín relata lo ocurrido y afirma: "Mientras crece el escándalo, con un fallo del polémico juez Juan José Baric, el gremio trata de frenar la medida del Poder Ejecutivo que busca regularizar la situación de una obra social en estado crítico".
La decisión se tomó por "las dificultades en la liquidez y solvencia de la institución, así como un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo", indica el decreto 720/24. Además, "la falta de satisfacción de los afiliados y las deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones brindadas".
Montero empezó a revisar los contratos que tenía OSPRERA, la segunda obra social más grande del país, y encontró graves anomalías en el manejo de fondos.
Pero dos semanas después, un sorpresivo fallo judicial le pidió a la Superintendencia de Servicios de Salud que retrotraiga la intervención y le devuelva el manejo de la obra social al gremio, en manos del kirchnerista José Voytenco.
El respaldo al pedido de Voytenco fue firmado por el polémico juez federal de La Pampa, Juan José Baric, quien había mantenido una intervención judicial de OSPRERA de marzo de 2023 al 30 de junio de este año, cuando le restituyó el control al gremio.
El magistrado había designado su propio administrador en ese lapso: Néstor Horacio Acuña. Ahora, ante la medida del Gobierno, accionó contra funcionarios con acusaciones de supuestos delitos como asociación ilícita y tráfico de influencias. Y requirió que se presenten los informes en los que se basaron para decidir la intervención.
Como organismo fiscalizador de las entidades de salud, la Superintendencia conducida por Gabriel Oriolo apeló la resolución.
"El juez a cargo de la causa está prejuzgando al considerar como ciertos los dichos de los denunciantes, sin haber investigado nada. Además, resulta inquietante que en el marco de una investigación penal, que está terminada, se haya procedido a invalidar un decreto presidencial, un acto que merece un análisis jurídico más profundo y fundado", objeta la Superintendencia.
Y remarca que como el fallo no está firme, el Poder Ejecutivo va a tomar todas las medidas necesarias para seguir con la intervención.
En el comienzo de la auditoría se comprobaron graves irregularidades producto de una situación económica alarmante, a tal punto que el propio juez Baric, a través del interventor que había designado (Acuña), solicitó a la Superintendencia $ 3.350 millones no reembolsables como "apoyo financiero" en octubre de 2023, presentó la rendición el 6 de diciembre del mismo año y fue aprobada por la Superintendencia el 7 de diciembre, ultimo día hábil de la anterior gestión presidencial.
También se descubrió que la administración designada por el juez se había autodesignado sueldos millonarios, equivalentes a 25 veces lo que gana en promedio un peón rural, pese a la crisis financiera de la obra social.
En el directorio, los haberes eran de $ 14 millones para el presidente; $ 12,1 millones para el vice, el tesorero y el secretario de actas; $ 11,4 millones para el veedor judicial y $ 8,6 millones para el gerente de legales.
La Superintendencia también sacó a la luz un contrato con un estudio de abogados, que cobraba al menos $ 60 millones mensuales más el 20% de lo recaudado por identificar a deudores de la obra social. "Es un número difícil de clarificar porque se cobraba con cheques diferidos que muchas veces no se registraban en la AFIP ni en la obra social. Se está investigando", explicaron en el ente.
OSPRERA fue convertida "en una caja millonaria a partir de negocios de todo tipo, incluido faltantes de medicación a pacientes oncológicos y facturas del propio sindicato a la obra social -mecanismo que ya de por sí es irregular- por un total de $ 1.000 millones al mes", dicen.
Esas anomalías son las que el juez Baric convalidó cuando levantó la intervención judicial, el 30 de junio, y que con su reciente resolución intenta reponer a una fracción del gremio "todos los beneficios que existían".
Osprera es la segunda obra social más grande del país: tiene 759.495 afiliados, según registros oficiales de la Superintendencia actualizados en julio de este año. Sólo la supera Comercio, con 1.528.060. Y en el tercer lugar aparece la de Construcción, con 539.739.
Sólo por el Subsidio Automático Normativo de Obras Sociales (SANO), el Gobierno le entregó por los primeros cinco meses de este año un total de $ 691.159.687. Esta asignación apunta a garantizar las prestaciones médicas.
Juan José Baric fue designado juez federal de La Pampa en diciembre de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Antes participó de la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires, con cierta controversia en su paso político. Ocupó la subsecretaría de Política Penitenciaria y dependía del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.
